Menu
Social media
Información de contacto
Dirección

C/ Príncipe de Vergara 12, 1º B

Email

info@pmcm.es

Phone

+10 724 1234 567

Post

Todo lo que quiso saber sobre los registros de morosos y no se atrevió a preguntar

  • Publicado por Pere Brachfield
  • - el 14 de octubre de 2014
compartir en:

En este artículo vamos a repasar los 4 aspectos que mas interés suscitan ante el ciudadano en cuanto a los registros de morosidad, también conocidos como ficheros de moroso

Qué debe hacer el acreedor para registrar a un deudor, los derechos de las personas incluidas en los registros de morosidad, el proceso a seguir para no entrar en dichos ficheros y cómo salir de un registro de morosos. Frecuentemente también se habla de las OMIC, las Juntas arbitrales de Consumo, La Agencia Española de Protección de Datos... Repasaremos qué hacen y cuándo y cómo acudir a estos órganos.

1. Qué debe hacer el acreedor para registrar a un deudor en un registro de morosidad

El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos en la legislación y en particular los siguientes:

  • la existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada
  • que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda
  • que se haya realizado requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación
  • El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento de pago, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.
  • El acreedor deberá esperar 3 meses desde que se produce el impago para dar la oportunidad al deudor de pagarlo antes de comunicar la incidencia de cobro al Fichero de Morosidad
  • Asimismo el acreedor o quien actúe por su cuenta o interés será responsable de la inexistencia o inexactitud de los datos que hubiera facilitado para su inclusión en el fichero, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

1.1 Requisitos que debe cumplir el acreedor para incluir a un deudor en un registro de morosidad

Para poder inscribir a un deudor que no quiere o no puede liquidar su deuda en un registro de morosos, el acreedor y el responsable del registro de morosidad están obligados a cumplir los siguientes requisitos antes de registrar la incidencia de cobro en un fichero de morosidad o consultar la información en un registro de solvencia patrimonial.

  • En primer lugar sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado
  • En segundo lugar el responsable del fichero común deberá notificar a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos, informándole asimismo de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y el art. 40 del RD 1720/2007 (RLOPD). Se efectuará una notificación por cada deuda concreta y determinada con independencia de que ésta se tenga con el mismo o con distintos acreedores. La notificación deberá efectuarse a través de un medio fiable, auditable e independiente de la entidad notificante, que la permita acreditar la efectiva realización de los envíos. En todo caso, será necesario que el responsable del fichero pueda conocer si la notificación ha sido objeto de devolución por cualquier causa, en cuyo caso no podrá proceder al tratamiento de los datos referidos a ese interesado. No se entenderán suficientes para que no se pueda proceder al tratamiento de los datos referidos a un interesado las devoluciones en las que el destinatario haya rehusado recibir el envío. Si la notificación de inclusión fuera devuelta, el responsable del fichero común comprobará con la entidad acreedora que la dirección utilizada para efectuar esta notificación se corresponde con la contractualmente pactada con el cliente a efectos de comunicaciones y no procederá al tratamiento de los datos si la mencionada entidad no confirma la exactitud de este dato.
  • En tercer lugar respecto a la conservación de los datos, el Reglamento establece que sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que respondan con veracidad a la situación de la deuda en cada momento concreto. El pago o cumplimiento de la deuda determinará la cancelación inmediata de todo dato relativo a la misma. En los restantes supuestos, los datos deberán ser cancelados cuando se hubieran cumplido seis años contados a partir del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico. Una vez que haya sido saldada la deuda o comprobada la inexactitud de los datos, se han de cancelar conforme al procedimiento previsto en el artículo 44 del RLOPD.
  • En cuarto lugar referente al acceso a la información contenida en el fichero tenemos que los datos contenidos en el fichero común sólo podrán ser consultados por terceros cuando precisen enjuiciar la solvencia económica del afectado. En particular, se considerará que concurre dicha circunstancia en los siguientes supuestos:

a. Que el afectado mantenga con el tercero algún tipo de relación contractual que aún no se encuentre vencida.

b. Que el afectado pretenda celebrar con el tercero un contrato que implique el pago aplazado del precio.

c. Que el afectado pretenda contratar con el tercero la prestación de un servicio de facturación periódica.

Los terceros deberán informar por escrito a las personas en las que concurran los supuestos contemplados en las letras b y c precedentes de su derecho a consultar el fichero. En los supuestos de contratación telefónica de los productos o servicios a los que se refiere el párrafo anterior, la información podrá realizarse de forma no escrita, correspondiendo al tercero la prueba del cumplimiento del deber de informar.

2. Los derechos de las personas cuyos datos son incluidos en los registros de morosidad

Los ciudadanos que hayan sido incluidos en un registro de morosidad de forma irregular tienen una serie de derechos que les permiten oponerse a la inclusión de sus datos en los ficheros de morosos e incluso solicitar la cancelación de los registros que existan sobre ellos en las bases de datos de impagos. Los motivos más habituales por los cuales una persona puede estar de forma irregular en un registro de morosidad son:

  • Alguien le ha suplantado su identidad para solicitar un crédito o dar de alta ciertos servicios y no pagarlos. Con frecuencia el suplantador es alguien del entorno familiar o laboral de la víctima
  • El acreedor no le ha requerido previamente el pago de la factura que es un requisito previo imprescindible. En muchas ocasiones el deudor incumple su obligación contractual de facilitar el nuevo domicilio al acreedor por lo que no puede ser requerido de pago
  • El proveedor ha seguido facturando servicios que el cliente había dado de baja y éste se niega a pagar las facturas por no corresponder a servicios solicitados
  • Aún habiendo existido un impago previamente y haber sido debidamente incluido en el fichero de morosidad, los datos del deudor siguen figurando en el registro aunque ya haya abonado totalmente la factura
  • que el responsable del fichero común no haya notificado al deudor acerca de su posible inclusión en el registro de morosidad, informándole asimismo de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos por la LOPD.

En la actualidad existen varios casi tres millones de personas fichadas en los registros de morosidad. Aunque la mayoría de las empresas que realizan el tratamiento y explotación de los registros de morosidad actúan con gran corrección y los datos que incluyen en los registros de morosos suelen ser en principio correctos, en la práctica diaria al tratar algunos de los principales ficheros de morosidad más de 200.000 altas y bajas cada mes, es posible que se produzcan errores en el tratamiento de estos ficheros de morosos.

En la actualidad hay más de 2.700.000 de personas físicas y jurídicas fichadas en los registros de morosidad por lo que aunque haya un pequeño porcentaje de errores el número absoluto de afectados es elevado.

Los ficheros pueden incluir a personas que nunca han dejado de cumplir sus obligaciones financieras. También ocurre que las señas de identidad del afectado pueden coincidir con las de presuntos morosos y algunas de estas empresas no comprueban el número del DNI.

3. El proceso que debe seguir el afectado para no entrar en un fichero de morosidad

3.1 A quién dirigirse?

En caso de que se la haya facturado un servicio al que se había solicitado la baja el cliente debe enviar un burofax al proveedor del servicio presentando una reclamación formal.

En caso que el proveedor no le ofrezca una solución y la anulación de la factura el cliente debe dirigirse a su OMIC (Oficina Municipal Información al Consumidor) y solicitar su intervención. La OMIC es un servicio gratuito de información y orientación al consumidor que, además, media en los conflictos que puedan surgir entre consumidores y empresarios, para intentar una solución amistosa.

En caso que a través de la OMIC no se puede arreglar el problema el afectado deberá acudir al arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo es un procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos entre consumidores y empresarios. Su finalidad es resolver los problemas que surjan entre ambas partes sin necesidad de acudir a la vía judicial. Las solicitudes de arbitraje se pueden obtener en el Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, en la Dirección General de Consumo de la Comunidad Autónoma correspondiente, en las juntas arbitrales, colegios arbitrales, oficinas municipales de información al consumidor, en las asociaciones de consumidores adheridas al sistema arbitral y en el Portal del Consumidor.

De esta forma queda constancia de que el supuesto deudor no está de acuerdo con la factura reclamada y mientras no se soluciona el conflicto puede tener base para oponerse a su inclusión en el fichero, aunque la actual normativa no impide que sea incluido en un registro de morosidad si no ha habido un laudo arbitral o sentencia judicial sobre la disputa. En estos casos es mejor abonar la deuda reclamada si no es de un elevado importe y seguir con la reclamación del litigio ante los organismos que hemos visto anteriormente.

En cualquier caso el afectado puede acudir a un abogado que se encargará de tramitar la defensa de sus intereses y exigir responsabilidades si ha existido una vulneración de sus derechos.

3.2 El proceso que debe seguir el afectado para no entrar en un fichero de morosos cuando se trata de facturas de telecomunicaciones:

En primera instancia el usuario deberá dirigirse al departamento o servicio especializado de atención al cliente de su operador, en el plazo de un mes desde el momento en que se tenga conocimiento del hecho que la motive. En el caso de una reclamación de facturación, desde la fecha de recepción de la factura.

Los usuarios podrán presentar sus reclamaciones ante el operador por vía telefónica, a través de internet, por correo postal o directamente en sus oficinas comerciales. En todo caso, el operador debe aceptar la presentación telefónica de reclamaciones. En todos los contratos deberá figurar el teléfono de atención al público, la dirección electrónica y la página web del operador, así como la dirección postal de la oficina comercial del operador y del departamento de atención al cliente.

Cuando los usuarios presenten la reclamación, el operador está obligado a facilitarle un número de referencia que permitirá verificar el día de la solicitud de baja y tener constancia de la misma.

Si en el plazo de un mes el usuario no hubiera recibido respuesta del operador o la respuesta no le satisface, podrá acudir a las siguientes vías:

Es importante tener en cuenta que no se facilitará información sobre las reclamaciones en las dependencias de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Únicamente pueden utilizarse las dos vías siguientes:

Por teléfono (901.33.66.99 y 91.218.42.76) o a través de estas páginas de internet:

http://www.usuariosteleco.es/comoreclamar/paginas/index.aspx

http://www.usuariosteleco.es/comoreclamar/Paginas/denuncias.aspx

3.3 Las Juntas Arbitrales de Consumo

Se trata de un procedimiento para usuarios finales que sean personas físicas. Es rápido, sencillo, gratuito y voluntario para las partes, que posee normativa reguladora propia.

Puede acudirse a ellas tanto si se tiene conocimiento de que el operador se encuentra previamente sometido a las Juntas Arbitrales como si no, aunque lo más probable es que si no lo estaba previamente tampoco se someta en esta ocasión.

Para saber si su operador está sometido a las Juntas Arbitrales puede usted acudir a la web del Instituto Nacional de Consumo.

3.4 La Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Los usuarios finales que sean personas físicas podrán presentar sus reclamaciones ante esta Oficina en el supuesto de que el operador no se someta a las Juntas Arbitrales o si se desea acudir directamente, sin reclamar previamente ante dichas Juntas.

Para presentar una reclamación ante la Oficina es preciso que el usuario haya reclamado previamente ante su operador, según se indica más arriba.

El plazo para acudir a esta vía es de tres meses contados desde la respuesta del operador o la finalización del plazo de un mes que tiene para responder.

Si se trata de una persona física que ha acudido a las Juntas Arbitrales en el plazo de estos tres meses y el operador se niega a someterse a ellas, con dicha negativa se vuelve a abrir el plazo de tres meses para reclamar ante esta Oficina.

La Oficina tramitará y resolverá las reclamaciones sobre los derechos específicos de los usuarios de telecomunicaciones, para cualquier servicio: telefonía fija, móvil y acceso a Internet.

Una vez realizados los trámites oportunos, la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones dictará resolución sobre la cuestión planteada. Cuando sea favorable al usuario, podrá incluir la restitución de derechos vulnerados o la obligación de devolución de cantidades indebidamente cobradas. La Oficina tiene un plazo para resolver de seis meses, contados desde la fecha en que se presenta la reclamación ante ella. Esta resolución agotará la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.

Las reclamaciones formuladas por escrito podrán dirigirse:

  • a la Oficina de Atención al Usuario podrán presentarse ante la propia Oficina, en la C/ Capitán Haya, nº 41 28071 (Madrid),
  • en los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, (por ejemplo las Delegaciones y subdelegaciones del gobierno), a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso de hubiese suscrito el oportuno convenio.
  • en las oficinas de Correos.
  • finalmente, los ciudadanos que dispongan de firma electrón ca también podrán presentar y consultar sus reclamaciones por vía telemática, a través de la página webhttp://www.usuariosteleco.es/PresentacionElectronica/Paginas/ReclamacionesTelematicas.aspx, en el apartado ''Presentación Electrónica".

El escrito de reclamación deberá contener:

Nombre y apellidos del interesado o la persona que lo represente.

Domicilio para recibir notificaciones.

Solicitud que se hace con hechos y razones, aportando toda la documentación que el usuario considere relevante para apoyar la pretensión, en el caso de reclamaciones de facturación, será necesario presentar la factura o facturas a las que se hace referencia.

Lugar, fecha y firma del solicitante o autorizado.

Órgano al que se dirige la reclamación. En este caso, se trata de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

En el escrito de reclamación deberá acreditarse que se ha reclamado previamente ante el operador. Para ello basta con el número de referencia que el operador está obligado a facilitar.

4. Cómo salir de un registro de morosos

Cuando un ciudadano está en un registro de morosidad de forma indebida, el afectado puede ejercer su derecho ARCO en caso de ser incluido en un fichero de morosos. ARCO es el acrónimo como se conoce el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Por medio de un sencillo protocolo el afectado puede salir del registro de morosos.

Para estos casos, cuando el responsable del registro de morosos no responda o cuando se deniegue la cancelación, el interesado podrá reclamar ante la AEPD Agencia Española de Protección de Datos para que tutele sus derechos, quien impondrá, en su caso, las sanciones correspondientes a los responsables del fichero que en teoría pueden llegar a los 600.000 euros

En el año 2010 la AEPD impuso sanciones por la inclusión irregular en registros de morosidad por valor de 9,2 millones de euros y algunas sanciones fueron de hasta 600.000 euros.

4.1 La Agencia Española de Protección de Datos

La Agencia Española de Protección de Datos AEPD es el Ente Público encargado de velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales.

Consecuentemente la AEPD es un Ente de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones. Su actividad inspectora como las sanciones que impone no dependen del refrendo de ninguna institución.

Sus inspectores y su director tienen libertad de actuación dentro del marco de la LOPD y demás legislación concerniente a la protección de datos personales.

La finalidad principal de la AEPD es velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos personales y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, oposición, rectificación y cancelación de datos. Para el cumplimiento de esta misión la Agencia está realizando campañas de divulgación e información a los ciudadanos para que puedan proceder así a la mejor defensa de sus derecho

En los últimos años ha habido una serie de resoluciones y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han llevado al Tribunal Supremo a modificar sustancialmente ciertos artículos del rigorista Reglamento de Protección de datos promulgado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. No obstante la legislación española de protección de datos sigue siendo muy proteccionista con los deudores.

Por una parte no se ha derivado una alteración sustancial del marco vigente de protección de los datos personales en España y por otra el fallo del Tribunal no ha comportado una merma en el grado de protección de los derechos de los ciudadanos. Si bien es cierto que puede realizarse el tratamiento de datos personales que no figuran en fuentes accesibles al público sin el consentimiento del afectado, debe realizarse en cada caso una ponderación entre el interés legítimo del responsable del tratamiento y los derechos del interesado que se ven afectados por el tratamiento de datos sin consentimiento. Si realizada esa ponderación prevalece el interés del responsable, podrán tratarse los datos sin consentimiento; si prevalecen los derechos afectados del interesado, no se podrá. La APED ya se pronunció tras la sentencia en el sentido que será preciso acentuar la ponderación de las circunstancias que concurran en cada supuesto concreto para decidir sobre la legitimidad del tratamiento y de que se va a tener en cuenta el hecho de que los datos figuren en fuentes accesibles al público como criterio de ponderación.

Consecuentemente no hay que hacerse ilusiones y nuestro marco legal todavía no es propicio para la creación de los llamados "credit bureau" que no son más que registros de solvencia positivos y que permiten evaluar el perfil pagador y la solvencia de un futuro cliente. Estos bureau de crédito funcionan en la mayoría de países de la OCDE y cumplen una función muy útil ya que son el reverso de la moneda de los registros de morosidad, puesto que en estos ficheros se registran los cumplimientos de obligaciones crediticias de los ciudadanos, lo que permite de una forma rápida y simple verificar el historial crediticio y de pagos de cualquier prestatario.